Juzgado de Garantías y Juzgado de Familia para San Pedro: qué pasos faltan tras el pedido de la Corte Suprema
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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires solicitó formalmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo bonaerenses la creación de una serie de juzgados, tribunales y salas en distintos fueros, con el objetivo de dar respuesta al incremento sostenido de expedientes y equilibrar la carga de trabajo entre los distintos departamentos judiciales del territorio provincial.
Entre los requerimientos formulados para la región norte de la provincia, el pedido del Máximo Tribunal incluye expresamente la creación de un Juzgado de Garantías y un Juzgado de Familia con sede en el partido de San Pedro.
El pedido global responde a un marcado incremento en la conflictividad y el volumen procesal registrado durante la última década. Según consignan las resoluciones de la Corte, en las cámaras de apelación del fuero contencioso administrativo el ingreso anual de causas pasó de 3.900 en 2015 a 15.700 en 2025, alcanzando un pico de 18.000 expedientes en 2024. En la región, la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial San Nicolás —del cual depende San Pedro— registró un incremento de litigiosidad del 123% en dicho período.
El camino legislativo e institucional para la creación de los juzgados
Para que la iniciativa elevada por la Suprema Corte se concrete y San Pedro cuente efectivamente con un Juzgado de Garantías en su fuero penal y un Juzgado de Familia, deben cumplirse una serie de pasos institucionales y legales fijados por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5.827):
Proyecto y sanción legislativa: La solicitud formulada por la Corte debe formalizarse como un proyecto de ley —presentado por el Poder Ejecutivo o por miembros de la Legislatura— para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La norma debe ser debatida y aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
Promulgación y previsión presupuestaria: Una vez sancionada por la Legislatura, la ley debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial y reglamentada. Asimismo, la estructura del nuevo órgano judicial debe ser contemplada en el Presupuesto General de la Provincia para garantizar los fondos de infraestructura, insumos y cargos de personal.
Concurso en el Consejo de la Magistratura: Producida la creación legal del juzgado, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires debe formalizar el llamado a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de juez o jueza del nuevo juzgado.
Terna y aprobación del Senado: Tras las evaluaciones técnicas, exámenes y entrevistas, el Consejo de la Magistratura confecciona una terna de candidatos que es enviada al Poder Ejecutivo. El Gobernador selecciona a un postulante y remite su pliego al Senado Provincial, cuerpo que debe prestar el correspondiente acuerdo constitucional en sesión pública.
Designación y puesta en funcionamiento: Con la aprobación del Senado, el Poder Ejecutivo dicta el decreto de nombramiento del magistrado. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia fija la fecha de juramento e inicio formal de actividades de la nueva sede judicial.
Fortalecimiento integral del sistema judicial bonaerense
El requerimiento de la Suprema Corte abarca a la totalidad de las especialidades del fuero judicial. En materia penal, junto al Juzgado de Garantías para San Pedro, se solicitaron nuevas salas de Cámara para La Matanza y Quilmes, además de juzgados de Garantías en partidos como Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y Cañuelas.
A su vez, en el fuero de Familia, además del órgano requerido para San Pedro, se propuso la apertura de juzgados en Pergamino, Chivilcoy, Coronel Rosales, Ezeiza, Pilar, Zárate-Campana, Escobar, La Plata y el conurbano bonaerense.
En lo respectivo al fuero laboral del Departamento Judicial San Nicolás, el pedido de la Corte incluye la suma de un nuevo Tribunal de Trabajo en la cabecera departamental, completando una reestructuración de la infraestructura judicial orientada a descentralizar la atención y acercar el servicio de justicia a los ciudadanos de la región.
