Ariel Rey cuestionó el fallo que absolvió a Cabaleyro: "El Juez garantiza la impunidad de la mafia sindical"

El concejal municipal de San Pedro y uno de los responsables de Rey Distribución, Ariel Rey, cuestionó el fallo judicial que absolvió y dispuso la liberación de Maximiliano Cabaleyro, dirigente del Sindicato de Camioneros, en la causa por el bloqueo a la planta distribuidora de la empresa ocurrido en 2021, y anticipó que recurrirá la decisión ante la Cámara de Casación.

“Es un fallo que nos sorprende. Para nosotros es una piedra en el camino, nada más”, afirmó Rey, quien manifestó enfáticamente su desacuerdo con los argumentos de la resolución y aseguró que cuenta con elementos para sostener las acusaciones en una nueva instancia judicial.

El edil sostuvo, en una conferencia de prensa desarrollada en la sede de la empresa, ubicada en calle Bonorino, que el juez reconoció la existencia de los hechos denunciados, aunque consideró que estaban justificados por una medida gremial. “El mismo juez en el fallo reconoció los delitos que nosotros probamos, nunca dijo que no hay bloqueo, ni extorsión, ni coacción. Lo reconoció, pero lo justificó en una medida gremial”, expresó.

En ese sentido, calificó la decisión como un mecanismo de protección de los dirigentes sindicales involucrados. “Este juez garantiza la impunidad de la mafia sindical. Es un fallo para cubrir personas”, señaló, y agregó que la empresa continuará con su estrategia judicial pese al resultado adverso.

“Por más que esta instancia no nos guste, hay otra para recurrir y la vamos a llevar adelante”, remarcó.

El conflicto por el derecho a huelga

Uno de los principales cuestionamientos de Rey estuvo dirigido a la interpretación del derecho a huelga y sus límites frente a las denuncias por bloqueo de establecimientos comerciales.

“Nadie discute la huelga, estoy a favor de la huelga, del sindicato y la representación del trabajador a través del sindicato. Pero eso no les da impunidad de cometer delitos”, sostuvo.

Para el concejal, la resolución establece un precedente que podría afectar a otros empresarios ante situaciones similares. “El derecho a huelga, según este juez, justifica el delito”, afirmó, y planteó interrogantes sobre las consecuencias de una eventual repetición del conflicto en la distribuidora.

“¿Qué pasa si mañana Maximiliano Cabaleyro viene otra vez con el motorhome? ¿Qué hago yo? Voy a la Justicia y me dice: ‘Sí, está cometiendo delito, pero él puede, Moyano puede’. ¿Qué tiene, una ley aparte?”, cuestionó.

Rey también hizo referencia a la normativa vigente sobre los bloqueos y las relaciones laborales. Según su interpretación, la sentencia reconoce que el bloqueo puede constituir una causal de despido con causa, pero no extrae de ese reconocimiento las consecuencias que, a su entender, corresponderían en el caso.

Denuncias sobre presuntas complicidades

Durante sus declaraciones, Rey también apuntó contra una supuesta connivencia entre sectores sindicales, políticos y policiales. En ese marco, mencionó un episodio que, según afirmó, fue expuesto durante el juicio.

“Acá hubo un intendente que llamó al comisario a decirle: ‘Qué bárbaro estos tipos, cómo te van a grabar, ya hablé con Catalano para que diga que no pasó nada’. Eso pasó en el juicio y nosotros vamos con la verdad”, aseguró.

El concejal insistió en que su reclamo no responde a una disputa partidaria, aunque advirtió que no permanecerá al margen de las situaciones que considera irregulares. “No quiero politizar, pero no vamos a mirar para otro lado viendo la connivencia de policía, política y mafia sindical”, manifestó.

Asimismo, al ser consultado sobre las declaraciones de un contador durante el proceso, sostuvo que había mentido ante el juez, aunque evitó profundizar en ese punto. “Déjame ser respetuoso con el proceso, vamos paso a paso”, expresó.

Las afirmaciones sobre eventuales complicidades y responsabilidades de terceros corresponden a los dichos de Rey y no implican, por sí mismas, que esos hechos hayan sido acreditados judicialmente.

El reclamo empresario y la estrategia de Casación

El responsable de Rey Distribución vinculó el conflicto con las dificultades que, según su visión, enfrentan las empresas ante medidas sindicales de este tipo. En particular, recordó que, de acuerdo con su relato, durante el episodio denunciado les reclamaron 500.000 pesos bajo la amenaza de que el colectivo utilizado por los manifestantes volviera a la planta.

“Ustedes creen que, dando una batalla contra esta mafia, que me piden 500 mil pesos porque si no el colectivo vuelve, voy a hacer un video para un cheque para ver la trazabilidad”, planteó, al rechazar cuestionamientos sobre la forma en que la empresa documentó los hechos.

En esa línea, afirmó que no considera necesario realizar una autocrítica por la actuación de la firma y aseguró que la decisión será impugnada con argumentos jurídicos. “Que haya una legítima defensa me parece bien, pero lo vamos a recurrir en Casación con el trabajo de desglosar esas 200 páginas bien trabajadas y con los aportes técnicos que sostuvimos y tenemos”, indicó.

Rey también sostuvo que el problema trasciende la situación particular de su empresa y alcanza al conjunto del sector privado. “¿Ustedes creen que esto que sufrimos nosotros no lo sufre todo el empresariado argentino?”, preguntó.

Finalmente, vinculó su reclamo con la necesidad de generar condiciones favorables para la actividad económica y la inversión. “Sabemos que estamos enfrentando una mafia que entorpece el desarrollo, desincentiva la inversión y el desarrollo. Necesitamos un juez de acuerdo a la norma vigente”, afirmó.

En el cierre de sus declaraciones, destacó la actuación de la fiscal María del Valle Viviani, a quien reconoció por su intervención durante el proceso. “Tengo que resaltar que tenemos fiscales como María del Valle Viviani, que bajó al barro, vio los delitos y tiene la certeza de llevar adelante su acción y que están convencidos”, concluyó.

De esta manera, Rey ratificó que la empresa buscará revertir la resolución en la instancia de Casación y sostuvo que continuará con el reclamo judicial por los hechos ocurridos en la planta distribuidora durante 2021.