El Concejo Deliberante sesionó en Doyle, con debates pero (esta vez) sin incidentes

Una sesión del Concejo Deliberante concretada sin incidentes pasó a ser noticia, tras los episodios de tensión registrados en los últimos meses.

Luego de las múltiples denuncias cruzadas en la Justicia y la fijación de medidas perimetrales, el debate en Pueblo Doyle transcurrió por los carriles institucionales correspondientes. El clima se mantuvo tenso, aunque sin desbordes.

El encuentro comenzó con el tratamiento de los temas pendientes del Orden del Día 1.763, pertenecientes a la sesión suspendida el pasado 8 de octubre en Santa Lucía.

En primer lugar, se retomó la discusión sobre el proyecto de resolución presentado por el bloque de La Libertad Avanza para solicitar al Departamento Ejecutivo que garantice recursos para la Semana de la Juventud 2026 y destine fondos para la edición 2027. La iniciativa resultó rechazada por la mayoría de los ediles, quienes argumentaron que el texto no precisaba el origen de las partidas presupuestarias. Además, citaron publicaciones de los propios organizadores del evento, quienes señalaron que "no corresponde intentar mezclar la Semana con intereses políticos sectoriales".

Otro de los puntos pendientes de la jornada en Santa Lucía que se abordó en las instalaciones del Club Sportivo Doyle fue el pedido del mismo bloque opositor para la reparación y mantenimiento de los caminos rurales que conectan a la localidad con los parajes vecinos, propuesta que también fue desestimada. El cuestionamiento más severo estuvo a cargo del concejal Diego Lafalce, quien calificó la solicitud como inviable al precisar que San Pedro cuenta con 1.800 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 1.100 corresponden a la jurisdicción municipal y 700 a la provincial. El edil sostuvo que resulta prioritario acompañar a los productores y a la producción, pero advirtió que pretender intervenir esa extensión en la coyuntura actual resulta irrealizables y demagógico.

Entre otros asuntos de la orden del día, el cuerpo declaró de interés público la primera Bienal de Mujeres, iniciativa que fue aprobada, y dio ingreso al proyecto para la creación de un registro público de antecedentes de la función pública para concejales, que incluye la publicación mensual de sus remuneraciones con el objetivo de fortalecer la transparencia. Este último expediente fue girado a la comisión de Peticiones para su análisis.