Basural: El Municipio confirmó que acatará el fallo judicial y se defenderá en la causa por el predio

La Municipalidad de San Pedro fijó su postura oficial respecto a la reciente resolución emitida por el Juzgado Federal de Garantías de San Nicolás, en el marco de la causa que investiga el impacto ambiental y sanitario del basural a cielo abierto de 20 hectáreas ubicado en el barrio La Tosquera. A través de un comunicado emitido por el Departamento Ejecutivo, la administración local confirmó que acatará la medida cautelar y dará cumplimiento a las exigencias judiciales dentro de los plazos establecidos.

La respuesta municipal se produce tras el fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo —dictado a requerimiento del fiscal Matías Di Lello y de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)—, el cual ordenó la implementación urgente de un plan de contingencia en un término de 90 días corridos. Dicho plan exige el cerramiento perimetral del predio, vigilancia activa las 24 horas con personal municipal para evitar volcados clandestinos, el registro y empadronamiento de los recicladores informales para preservar su labor, la clasificación de los desechos ingresantes y el control formal de los vehículos que vierten residuos. Asimismo, la resolución fijó un plazo de 60 días para que la comuna presente formalmente el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU) bajo el marco de las leyes de presupuestos mínimos.

Ante este escenario, la comuna encuadró el expediente bajo la Carpeta Judicial FRO 31942/2026/1 (Caso Coirón N° 121068/2026) caratulada "DA - Basural San Pedro s/ Inf. Ley 24.051", recordando que la medida se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley de Residuos Peligrosos. Sin embargo, el Gobierno local hizo especial hincapié en el alcance de la decisión judicial, remarcando que se trata de una medida de naturaleza "estrictamente cautelar y preventiva" dispuesta en una etapa incipiente de la investigación, por lo que "no importa pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión ni sobre eventuales responsabilidades".

En esa línea, el comunicado rescata que el propio fallo del magistrado reconoce que la clausura y remediación definitiva de un vertedero a cielo abierto no constituye una tarea de corto plazo, diferenciando las intervenciones de emergencia de las soluciones estructurales. Al defender la actuación del gobierno municipal, el Ejecutivo sostuvo que el tratamiento de los residuos constituye una política pública sostenida en el tiempo, respaldada localmente por la Ordenanza N° 6656/2024.

No obstante, las autoridades locales remarcaron las limitaciones financieras y logísticas de la comuna para abordar la problemática de forma aislada, señalando que "por la naturaleza y magnitud de la problemática involucrada, dicha política requiere necesariamente la participación de los demás estamentos públicos del Estado, de orden nacional y provincial".

El Ejecutivo confirmó que acatará lo dispuesto por el juzgado en articulación constante con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires como autoridad de aplicación, "sin perjuicio del ejercicio de los derechos que le asisten en el proceso" para ejercer su defensa legal. Finalmente, las autoridades formularon un llamado a la comunidad solicitando a los vecinos abstenerse de ingresar al predio o arrojar basura en las inmediaciones, evitar la quema de desechos, utilizar los Puntos Verdes y reportar de inmediato cualquier foco de incendio o volcado ilegal ante la Dirección de Ambiente.