Denuncia de una concejal de Baradero contra SADAIC y AADI-CAPIF por fiestas de egresados en la zona

La concejal de La Libertad Avanza de Baradero, Romina Fernández, realizó dos presentaciones administrativas en representación de estudiantes secundarios al considerar que los aranceles por derechos de autor resultan improcedentes en eventos privados de acceso restringido, conforme al Decreto Nacional 765/2024.
 
Cultura20/11/2026Noticias San PedroNoticias San Pedro

 

Baile de egresados

La abogada y concejal de La Libertad Avanza de Baradero, Romina Fernández, formalizó dos denuncias contra las exigencias de cobro impulsadas por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y la Asociación Argentina de Intérpretes y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (AADI-CAPIF), en el marco de la organización de las tradicionales fiestas de egresados de escuelas secundarias de las localidades bonaerenses de Baradero y San Pedro.

Las actuaciones fueron radicadas ante la Secretaría de Seguridad Municipal de Baradero y el área de Defensa del Consumidor en representación de los alumnos próximos a celebrar sus graduaciones, con el propósito de impugnar el requerimiento de aranceles por derechos de autor e intérpretes en celebraciones desarrolladas en espacios privados y con concurrencia limitada.

"No van a sacarle más plata a las escuelas de San Pedro y Baradero", afirmó la edil tras rechazar cualquier intimación de pago que carezca de sustento legal o que intente condicionar el normal desarrollo de los festejos estudiantiles.

El eje central de la presentación jurídica se apoya en el Decreto Nacional 765/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó el artículo 33 del Decreto Reglamentario 41.223/1934 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Dicha normativa determina de manera expresa que no se configura representación ni ejecución pública cuando la reproducción de obras musicales tiene lugar en un ámbito privado, independientemente de que su ocupación sea permanente o temporal.

Bajo ese encuadre legal, la letrada argumentó que las fiestas de egresados destinadas exclusivamente a estudiantes, familiares e invitados especiales quedan comprendidas dentro de la exención vigente en todo el territorio nacional.

En paralelo, Fernández sustentó su reclamo en las garantías tuteladas por el artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Provincial 13.133, normas que resguardan los intereses económicos de los usuarios y exigen información veraz y adecuada.

La dirigente cuestionó además que los trámites de habilitación comunal pretendan supeditarse a la acreditación de comprobantes de pago emitidos por entidades privadas de gestión colectiva, advirtiendo que dicha condición no figura entre los requisitos legales exigibles para autorizar un evento.

"Los municipios deben controlar las condiciones de seguridad, salubridad y cumplimiento de las normas locales, pero no pueden convertir una exigencia de una entidad privada en un requisito administrativo sin el correspondiente respaldo legal", puntualizó la concejal al reclamar que los permisos se gestionen estrictamente dentro de las competencias estatales.

Por último, Fernández ratificó su postura de avanzar en los planos administrativo y judicial en caso de persistir los reclamos arancelarios: "Vamos a defender a las familias, a los estudiantes y a las instituciones educativas frente a cualquier cobro que no corresponda. Los derechos de autor deben respetarse, pero también debe cumplirse la ley. Si existen exigencias contrarias a la normativa vigente, acudiremos a todas las instancias administrativas y judiciales necesarias".

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