La Justicia dictó una medida cautelar tras las denuncias por agresiones en el Concejo Deliberante

La Justicia de Garantías del Departamento Judicial San Nicolás dispuso una medida cautelar de restricción de acercamiento a favor del concejal Martín Rivas respecto de Juan Cruz Acosta y Sergio Leiva, en el marco de una causa penal tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 por los delitos de amenazas e intentos de agresión física en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de San Pedro.

La resolución restrictiva, dictada el 7 de agosto por el tribunal interviniente con vigencia hasta el 8 de septiembre de 2026, ordena a los denunciados la prohibición de acercamiento al domicilio particular del edil, a su lugar específico de trabajo en el cuerpo legislativo municipal y a sus zonas de desplazamiento habitual. Asimismo, el juzgado notificó a la Municipalidad de San Pedro para que, en caso de ser empleados municipales, se garanticen las condiciones laborales correspondientes sin vulnerar el perímetro fijado respecto del edil.

El conflicto judicializado responde a una escalada de episodios registrados dentro de la sede deliberativa. En diciembre de 2025, el propio Rivas formalizó una primera denuncia penal (causa PP-10-01-004973-25/00) manifestando haber sufrido hostigamientos e insultos por parte de militantes vinculados al concejal Ariel Rey. En forma paralela, el 17 de diciembre de ese año, el edil elevó la nota de expediente 5629/2025 al presidente del cuerpo, Martín Baraybar, en la que solicitó una reunión de labor legislativa para fijar pautas claras y regladas sobre el ingreso y permanencia de colaboradores externos y militantes, con la finalidad explícita de prevenir agresiones o situaciones de tensión en el recinto.

Posteriormente, en mayo de 2026, las diferencias políticas derivaron en acusaciones cruzadas en torno a la rendición de cuentas, marco en el que Rey acusó públicamente a Rivas por un presunto golpe de puño. El punto crítico sobrevino a fines de julio de 2026, previo al inicio de una sesión ordinaria, cuando se produjo un altercado registrado por las cámaras de seguridad del predio municipal, lo que motivó el pedido inmediato de preservación de las grabaciones y la radicación de la denuncia penal correspondiente.

En declaraciones brindadas a La Radio 92.3, Rivas se refirió al avance de la causa judicial: "Como lo expresé oportunamente, quedé a disposición de la Justicia el accionar de los militantes de Rey que además están vinculados al Sindicato de Trabajadores Municipales. Me pareció demasiado, pero no por mí sino por el hecho institucional de intervenir en el acceso a una sesión".

"Realmente, esta vez puse a disposición de la Justicia y del equipo legal y técnico todas las pruebas. Ni bien terminamos con las declaraciones de Acosta lo dejé todo documentado y en manos de la Justicia. El viernes salió la restricción y esperemos que esto sirva como un ejemplo de los límites que tiene que tener la discusión política y las diferencias de opiniones. Podemos tener opiniones muy encontradas pero pasar a agresiones físicas dentro del palacio municipal, eso no tiene que repetirse. Tenemos gente en nuestro espacio que piensa muy diferente a un Ariel Rey o un oficialismo pero no por eso va a llevar las diferencias a una agresión física", concluyó el concejal.