El Gobierno licita el Belgrano Cargas por 50 años: clave para la vía estratégica que pasa por Santa Lucía

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria formal para licitar la concesión de las tres líneas ferroviarias que integran la empresa pública Belgrano Cargas y Logística S.A. El primer llamado estará enfocado en la administración, mantenimiento y explotación por un plazo de 50 años de más de 7.000 kilómetros de vías correspondientes a los ramales Belgrano, Urquiza y San Martín.

La compulsa pública abarcará un trazado determinante para el transporte de producción agropecuaria e industrial, dentro del cual se destaca el corredor de la línea Belgrano que atraviesa el partido de San Pedro, desde Doyle hasta Colonia Velaz, y tiene como punto estratégico a la estación de la localidad de Santa Lucía. Inaugurada el 15 de noviembre de 1907 como parte del Ferrocarril Central Córdoba, la Estación Santa Lucía constituyó el eje fundacional del poblado rural a partir del posterior loteo de las tierras de la familia Harrington. Con el paso de las décadas, la parada se consolidó como una de las estaciones más importantes del ramal CC entre Buenos Aires y Rosario. 

Tras las privatizaciones de 1993, los trenes de pasajeros se discontinuaron, aunque continuaron las operatorias de cargas. Treinta años después, en 2023, se inauguraron las refacciones en el edificio histórico de la estación, luego de una gestión del actual Intendente Salazar durante su paso por el directorio de Belgrano Cargas. 

El proceso licitatorio impulsado por el Poder Ejecutivo contará con la participación inicial de al menos cuatro grupos empresariales que formalizaron su interés en acceder a los servicios, además de otras dos compañías que mantuvieron contactos con distintos actores del mercado para evaluar su incorporación.

Los pliegos fijan una nómina de obras obligatorias de infraestructura a cargo de quien resulte adjudicatario, con un piso de inversión estimado por el Palacio de Hacienda en 800 millones de dólares para el conjunto de las tres líneas. A su vez, los oferentes deberán incluir en sus propuestas una serie de inversiones adicionales que serán ponderadas durante la evaluación técnica.

En consonancia con procesos licitatorios recientes, como las convocatorias relativas a la Hidrovía y la red eléctrica AMBA I, el Ministerio de Economía incorporó una cláusula restrictiva que impide la participación de empresas controladas de manera directa o indirecta por Estados extranjeros. La disposición, que no figuraba en las versiones preliminares del proyecto, busca homogenizar los criterios de contratación aplicados en las privatizaciones del sector público.

El esquema proyectado por las autoridades nacionales dispone que, una vez concretada la concesión del tendido férreo, se dará paso a las licitaciones específicas para la enajenación de la maquinaria, el material rodante y los talleres de reparación. Los recursos económicos que se recauden por la venta de las formaciones serán destinados a un fideicomiso bajo la órbita de la cartera económica, diseñado para cofinanciar las obras de puesta a punto de la infraestructura primaria.

La licitación despertó marcadas expectativas en el sector privado. Entre los primeros interesados figura el brazo de transporte del Grupo México, GMXT, cuyos representantes manifestaron la predisposición de estructurar un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares. Por su parte, las principales firmas agroexportadoras conformaron el Consorcio Pro Belgrano para competir de manera conjunta, espacio integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company (LDC) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

A la nómina de postulantes locales se suman el Grupo Roggio y el Grupo Techint, compañías con trayectoria en el rubro de la construcción e infraestructura ferroviaria, mientras que observadores del mercado confirmaron sondeos por parte de actores internacionales. En el sector minero, beneficiario estratégico del trazado de la línea Belgrano para el transporte de insumos hacia los yacimientos del norte del país, persisten evaluaciones diversas sobre una eventual integración corporativa con el bloque agroexportador.

En el transcurso del último mes, la administración central introdujo adecuaciones reglamentarias a pedido de las firmas interesadas, entre las que destaca la factibilidad de encuadrar los desembolsos en obras de infraestructura dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), habilitando el acceso a los beneficios fiscales previstos en la normativa. La privatización se encamina en un contexto donde el balance de la compañía estatal refleja un déficit de 10.229 millones de pesos, originado fundamentalmente por las erogaciones destinadas a trabajos edilicios y de vías enmarcados en la emergencia ferroviaria.