Un informe de la Dirección Nacional del INTA advirtió que el retiro voluntario afectó capacidades científicas, técnicas y operativas

El "Informe de afectación del INTA con el Retiro Voluntario 2026", elaborado por la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, concluyó que la aplicación del Régimen de Retiro Voluntario (RV) 2026 produjo una pérdida significativa y simultánea de las capacidades científicas, tecnológicas, territoriales e institucionales del organismo, al operar bajo una lógica de reducción de costos y no de readecuación organizacional estratégica.

De acuerdo con el relevamiento, la medida se implementó en un contexto de restricción financiera donde el crédito presupuestario anual del organismo sufrió una caída del 54,15% entre 2023 y 2026, acompañada por una reducción del 41,14% en su ejecución. En el transcurso de dos años y medio, la institución perdió aproximadamente 1.800 agentes por la suma de jubilaciones, renuncias y desvinculaciones, de los cuales 889 correspondieron a la adhesión concreta al RV 2026, cifra que representa el 18,2% de la planta permanente.

El impacto del retiro afectó directamente a la conducción técnica y al recambio generacional. El perfil promedio de los adherentes registró 53 años de edad y 18,3 años de antigüedad, de los cuales el 61,3% contaba con formación de nivel terciario, universitario o de posgrado. Asimismo, dejaron sus cargos 29 profesionales en funciones jerárquicas —entre directores regionales y gerentes—, el 38,4% de las coordinaciones de área y 44 jefes de Agencias de Extensión.

El informe identificó 589 registros de impacto operativo a nivel nacional: un 23% derivó en la discontinuidad total de actividades, el 29% en riesgo severo y el 48% en afectaciones significativas. Las líneas de investigación y desarrollo concentraron el 42% de los perjuicios, con una tasa de cancelación definitiva de tareas del 33,5%. A su vez, en 45 casos se constató que equipamiento de alta complejidad e infraestructura estratégica quedaron inoperables por falta de personal calificado, entre ellos laboratorios de fibra de algodón, de reproducción ovina y una unidad de diagnóstico de chicharrita financiada con aportes privados por 50 millones de pesos.

La pérdida de capacidades alcanzó a 29 cadenas productivas y economías regionales distribuidas en 102 unidades territoriales del país, con perturbaciones en áreas de suelos y recursos hídricos, biotecnología, pasturas y forrajeras, la red de cultivo de maíz, arroz, algodón y la aplicación de drones y mecanización agrícola. También se registraron distorsiones en la medición de gases de efecto invernadero y en el desarrollo socioterritorial.

A nivel internacional y de alianzas estratégicas, de los 93 convenios externos afectados, los acuerdos con empresas privadas sufrieron la tasa de rescisión más alta con un 26%. Paralelamente, el organismo perdió representación técnica directa ante el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU y se desvinculó la única especialista habilitada para auditorías de calidad de exportación. En sedes como Bariloche se detectó vacancia absoluta en áreas de nanotecnología y nanovacunas, al tiempo que la salida de científicos senior interrumpió la formación de becarios de doctorado y posdoctorado.

En la escala regional, la situación repercutió en las dependencias locales. Franco Lázzari, representante del gremio APINTA, detalló en declaraciones al programa "Equipo de Radio" que en la zona de San Pedro se registraron nueve desvinculaciones en el último tramo, que incluyeron a profesionales y becarios proyectados para el reemplazo generacional. Según explicó el dirigente, la Agencia de Extensión de San Nicolás perdió personal por retiro y jubilación, panorama que se replica en la Estación Experimental local, donde la planta sobreviviente busca reasignar recursos para sostener las actividades operativas.

Ante este diagnóstico, la Dirección Nacional del INTA planteó una agenda de recuperación institucional basada en seis ejes: el restablecimiento de la planificación estratégica, la garantía de previsibilidad presupuestaria mediante fondos extraordinarios, la cobertura urgente de vacancias en servicios críticos, la reconstrucción del capital humano con mejoras salariales, la recomposición de convenios con el sector público y privado, y la reestructuración de la entidad frente a los requerimientos productivos y ambientales del país.