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title: "Casos reales que parecen ficción: derecho sucesorio y registral (por el Dr. Javier Hernán Silva)"
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description: "𝐸𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑡𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎𝑠, 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟, 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎́𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑡𝑎. 𝑈𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢́𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟𝑖́𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎. 𝑃𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐷𝑟. 𝐽𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 𝐻𝑒𝑟𝑛𝑎́𝑛 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑎 · 𝐴𝑏𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙"
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date_published: "2026-11-09T07:59:00-03:00"
date_modified: "2026-11-09T08:03:12-03:00"
author_name: "Dr. Javier Hernán Silva (Abogado)"
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# Casos reales que parecen ficción: derecho sucesorio y registral (por el Dr. Javier Hernán Silva)

![Casos reales Javier Silva](/download/multimedia.normal.a6af01e87e9342d2.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Si un guionista presentara esta trama, se la devolverían por exagerada. Un prestamista que sostuvo durante años tres hogares que no sabían uno del otro. Cuatro hijos a los que nunca reconoció y a los que bautizaron casi igual: Fernando o Fernanda. Un crimen a balazos a cien metros del Palacio de Justicia. Y, cuando la Justicia quiso saber quiénes eran sus herederos, un análisis de ADN que dio negativo por una razón tan simple como escandalosa: el muerto analizado no era el muerto.  
No es una serie de plataforma. Es un expediente real de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y lo que lo vuelve fascinante para quienes trabajamos en sucesiones no es lo macabro, sino que cada giro del guion responde a una lógica jurídica precisa.  
  
𝗘𝗹 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝘃𝗶𝘂𝗱𝗮𝘀  
La mañana del 25 de octubre de 2004, Sergio Fernando Aitta, de 36 años, cayó en la vereda de una avenida céntrica de Pergamino con cuatro balazos en el cuerpo. Lo conocían como «Zeppelín» o «El Manco». Para su familia era comerciante; para otros, prestamista y regenteador de cabarets. Lo mató un verdulero cuya familia le debía dinero. Dejaba un campo productivo sobre la ruta 8, vehículos, camiones y locales: más de un millón y medio de pesos de la época.  
Después del velorio empezaron a aparecer las familias. Una mujer de Pergamino que había convivido con él dieciséis años y tenía dos hijos. Otra de Olavarría, con diez años de convivencia y un hijo. Y una tercera, también de Pergamino, cuyo hijo había nacido el mismo año que el de Olavarría. Ninguna sabía de las otras. A una le decía que era transportista; a otra, que tenía que viajar por negocios; a veces, que había caído preso «por un problemita». En realidad, rotaba entre sus tres casas.  
  
𝗘𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗹  
Los primeros en presentarse a la sucesión fueron los padres y hermanos del fallecido. Su posición era sencilla: Sergio no podía tener hijos, de modo que ellos eran los únicos herederos. Y se negaron a dar muestras de sangre para un cotejo genético.  
Las madres promovieron las acciones de filiación y en febrero de 2006 se exhumó el cuerpo. El ADN dio negativo. Una de ellas, que había pagado la pericia, le dijo a su abogada que algo raro había pasado con el cuerpo. Tenía razón.  
Un ex empleado de Aitta, encargado de uno de sus cabarets, terminó contando que le habían ofrecido dinero por cambiar el cadáver —según su relato, el ofrecimiento vino del padre del fallecido—, con la promesa de pagarle cuando se cobrara la herencia. El fiscal ordenó una segunda exhumación y apareció la maniobra: el cuerpo de Aitta había sido trasladado al nicho de un hombre muerto cuatro meses antes en un accidente, elegido porque también tenía en el pecho las marcas de una autopsia. Hasta las placas identificatorias se habían cruzado. Lo reconocieron por un ataúd de medida especial —pesaba más de cien kilos— y por un tatuaje inconfundible. El propio abogado de la familia lo admitió ante la prensa: «El cambio de cajón existió y eso lo sabemos todos». Negó, eso sí, que el padre hubiera participado.  
El golpe final lo dio una prenda. El nuevo análisis se hizo con la sangre que había quedado en la remera que Aitta llevaba puesta el día del crimen, y que se había conservado. Dio positivo respecto de los dos hijos mayores.  
  
𝗣𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗲́ 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗶𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗮́𝘃𝗲𝗿: 𝗹𝗮 𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗰𝗲𝘀𝗼𝗿𝗶𝗮  
Desde afuera parece una locura. Desde el derecho sucesorio, tiene una racionalidad brutal.  
Aitta nunca se casó. Las tres mujeres eran convivientes y, como tales, carecían de vocación hereditaria. Esto era así bajo el Código de Vélez —que rige esta sucesión, porque la muerte es anterior al 1° de agosto de 2015— y lo sigue siendo hoy: el Código Civil y Comercial solo le reconoce al conviviente supérstite, y en ciertas condiciones, un derecho real de habitación gratuito sobre la última vivienda común por un máximo de dos años (art. 527 CCyC). Las madres, por lo tanto, no reclamaban para ellas: reclamaban por sus hijos.  
Y ahí está la clave. En el orden sucesorio, los descendientes excluyen a los ascendientes: los padres del causante heredan solo «a falta de descendientes» (hoy, art. 2431 CCyC; la misma regla regía en el Código anterior). Con cuatro hijos emplazados, los padres no recibían nada. Sin ellos, se quedaban con todo.  
  
𝑬𝒍 𝑨𝑫𝑵 𝒏𝒐 𝒆𝒓𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒎𝒂́𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒉𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂.  
  
Hay un detalle más. Un hijo no reconocido es, para la sucesión, invisible hasta que una sentencia de filiación lo declare como tal. Quien cambia un cuerpo no puede borrar un vínculo biológico, pero sí puede comprar lo que más vale en un conflicto hereditario: tiempo.  
  
𝗟𝗮 𝗽𝗿𝘂𝗲𝗯𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗱𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿  
La maniobra falló por dos razones que conviene recordar. La primera: la acción de filiación del hijo no prescribe. Lo decía el art. 251 del Código de Vélez y lo dice hoy el art. 582 del Código Civil y Comercial, que permite reclamarla «en todo tiempo». Esconder el cuerpo no extingue el derecho; solo lo demora.  
La segunda: el cuerpo no es la única fuente de ADN. Ya entonces, la Ley 23.511 establecía que la negativa a someterse a los análisis constituye un indicio contrario a quien se niega. Hoy el Código Civil y Comercial es más preciso: si la prueba no puede hacerse sobre el presunto padre, se realiza con material genético de sus parientes por naturaleza hasta el segundo grado —priorizando a los más próximos— y, si nada de eso es posible, la negativa se valora como indicio grave (art. 579). Si el presunto padre falleció, la prueba puede hacerse con material de sus propios progenitores, y la exhumación queda como alternativa ante la negativa o imposibilidad de aquéllos (art. 580). En este caso, los abuelos paternos que se negaron a dar sangre eran exactamente los parientes que la ley hoy pone en primer lugar.  
Y, como se vio, a veces la prueba ya está en otro expediente. Cuando la muerte fue violenta, la causa penal suele conservar ropa, muestras de autopsia o material biológico. Relevar qué guarda la investigación penal antes de pedir una exhumación es una buena práctica que este caso ilustra mejor que cualquier manual.  
  
𝗘𝗹 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹: 𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗮𝗱𝗲𝗿𝗼 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼  
Para quien trabaja en derecho registral, el punto más delicado del caso no es el cementerio sino el Registro de la Propiedad.  
Mientras la filiación se discute, quien figura como heredero puede obtener una declaratoria, inscribirla y disponer de los bienes. La ley protege al tercero que contrata de buena fe con ese heredero aparente: son válidos los actos de disposición a título oneroso a favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor derecho, o que los derechos de aquél están judicialmente controvertidos (art. 2315 CCyC; en el régimen anterior, art. 3430 del Código de Vélez). Traducido: si el campo se vende a un comprador de buena fe antes de que los hijos sean declarados tales, los herederos reales pueden quedarse solo con un reclamo por el precio contra quien vendió, que no siempre es solvente.  
El antídoto es la publicidad registral. Una anotación de litis sobre la matrícula del inmueble y sobre los dominios de los automotores por parte de los herederos, hasta ahora, no reconocidos. Esto impide que alguien alegue después que ignoraba el conflicto. A eso se suman los pedidos dentro del propio sucesorio, para que no se dicte declaratoria ni se avance hacia la partición sin contemplar a los hijos cuya filiación está en trámite. Las abogadas de las madres pidieron, precisamente, suspender el trámite de la herencia, que según ellas había sido iniciado con una rapidez sospechosa.  
  
𝗨𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹, 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗹𝗮𝘀  
El homicida estuvo siete años prófugo, trabajando con una identidad falsa en una cementera de Rosario. Fue detenido en 2011 y en 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino lo condenó a 10 años y 8 meses de prisión, tras descartar la legítima defensa. En 2016 violó el monitoreo electrónico de su arresto domiciliario, fue buscado por Interpol y lo recapturaron en Mar del Plata a fines de ese año.  
Por el cambio de cadáver, los familiares fueron imputados de una forma de estafa procesal: engañar al juez con una prueba falsa para obtener un beneficio económico. Aquí aparece otra paradoja que merecería una columna aparte: el Código Penal no castiga, como figura autónoma, sacar un cuerpo de su tumba; el art. 171 solo lo pena cuando se lo sustrae para cobrar su devolución. Hubo que encuadrar el hecho por otra vía. En diciembre de 2010, un juez correccional absolvió a dos de los imputados por entender que con la prueba colectada no se alcanzaba la certeza necesaria para condenar, y en 2016 la causa seguía en trámite, con al menos una imputada citada por edictos. No se conoce públicamente ninguna condena por la maniobra, y corresponde respetar la presunción de inocencia.  
El desenlace civil —quiénes fueron finalmente declarados herederos y qué pasó con el campo— no trascendió. Los procesos de familia tienen acceso limitado, y está bien que así sea: los chicos de entonces hoy rondan o superan los treinta años.  
  
𝗟𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻̃𝗮  
1. La filiación no prescribe, pero los bienes sí pueden perderse. La urgencia no está en iniciar la acción, sino en asegurar el acervo mientras tramita.  
2. Las cautelares registrales van primero. Anotación de litis sobre inmuebles y automotores, y pedidos de suspensión o reserva en la sucesión, desde el primer escrito.  
3. La prueba se preserva antes de que desaparezca. Una medida de no innovar sobre el nicho o la bóveda, y un relevamiento de las muestras que puedan conservar la causa penal, la morgue o un hospital.  
4. Planificar evita expedientes. Quien tiene hijos sin reconocer o convive sin estar casado debería saber que la ley no presume lo que él no formalizó. El reconocimiento oportuno y una planificación sucesoria básica le ahorran a su familia años de litigio y, en casos extremos, una causa penal.  
  
La ficción necesita ser verosímil; la realidad, no. En esta historia, alguien intentó reescribir el final cambiando un cajón de lugar, y la verdad la terminó contando una remera manchada con sangre que quedó guardada. Para quienes ejercemos en derecho sucesorio, la moraleja es menos novelesca y más útil: en una herencia en disputa, lo que no se asegura a tiempo en el Registro y en el expediente puede no recuperarse nunca.  
  
𝐷𝑟. 𝐽𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 𝐻𝑒𝑟𝑛𝑎́𝑛 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑎  
𝐴𝑏𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙.  
𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑑𝑟𝑜, 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠 𝐴𝑖𝑟𝑒𝑠 · 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑗𝑠𝑖𝑙𝑣𝑎.𝑛𝑒𝑡𝑙𝑖𝑓𝑦.𝑎𝑝𝑝  
  
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