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title: "El balance de la primera semana del juicio contra el sindicalista Maximiliano Cabaleyro por el bloqueo a la firma Rey Distribución"
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description: "El Intendente Cecilio Salazar compareció este viernes como testigo ante el Tribunal Oral en el marco de las audiencias que evalúan el presunto bloqueo y las extorsiones a la firma Rey Distribución. El debate, que ya transitó su quinta jornada, expuso cruces técnicos sobre la legalidad de los reclamos gremiales, los perjuicios económicos calculados por peritos y el rol de los imputados."
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date_published: "2026-10-02T20:23:00-03:00"
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# El balance de la primera semana del juicio contra el sindicalista Maximiliano Cabaleyro por el bloqueo a la firma Rey Distribución

![Cabaleyro otro](/download/multimedia.normal.89de6c9fdb150f4c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Con la declaración brindada este viernes por el intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar, el Tribunal Oral en lo Criminal completó la primera semana de audiencias del extenso debate oral y público que se sigue al líder local del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y a seis exempleados de la firma damnificada. El proceso judicial, que prevé un total de nueve jornadas en el Palacio de Tribunales de San Nicolás, aborda los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión a raíz del conflicto registrado en febrero de 2022.

Durante poco más de una hora ante los magistrados, el jefe comunal reconoció haber intervenido como mediador a pedido de la familia empresaria propietaria de Rey Distribución, aunque matizó el alcance de las medidas de fuerza al señalar que, en aquel momento, no le constó formalmente la existencia de un bloqueo material que impidiera el ingreso o egreso de vehículos en la planta local.

El juicio comenzó el pasado lunes, con la acusación formal impulsada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, secundadas por la actual senadora bonaerense Florencia Arietto en representación del particular damnificado a través del Movimiento Empresario Anti Bloqueo. Los acusadores sostienen que el exconcejal gremial, junto a Fernando Espíndola —quien eludió el debate oral tras acordar un procedimiento abreviado—, encabezó una serie de coacciones y exigencias dinerarias ilegítimas bajo la fachada de un reclamo sindical.

Por su parte, las defensas técnicas, encabezadas por los letrados Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas por parte del gremio, y el abogado Gabriel Ruiz en representación de los extrabajadores imputados (Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez), centraron su estrategia en enmarcar los hechos dentro de los límites del ejercicio legítimo del derecho de huelga y la protesta laboral, cuestionando asimismo la selectividad de una persecución penal que redujo a media docena los procesados pese a la magnitud inicial de la protesta.

A lo largo de las jornadas intermedias, el debate técnico incorporó la declaración de contadores de la Asesoría Pericial y de la propia empresa. En ese marco, se ventiló que los perjuicios económicos directos ocasionados por los cinco días de interrupción de las actividades ascendieron a unos 13.500.000 pesos a valores históricos.

No obstante, la controversia jurídica se intensificó al contraponerse los testimonios de los directivos de la firma con los registros documentales. La defensa insiste en que los montos girados respondían a acuerdos salariales pendientes y regularizaciones convencionales de la actividad, respaldados por la contabilidad interna. El término "coima" presente durante algunas de las declaraciones marcó la discusión durante la jornada del miércoles.

El proceso judicial continuará su curso en las próximas semanas con la previsión de escuchar a decenas de testigos adicionales, entre peritos caligráficos, funcionarios gremiales y miembros de la familia empresariada, con el fin de dilucidar las responsabilidades penales en el prolongado conflicto que mantiene al dirigente camionero privado de su libertad desde abril de 2022.

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